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Martes, 11 Julio 2017 11:38

Las Diarreas de los Ingleses

Uno de los retos más importantes de la industria turística es dar de comer a los visitantes de forma segura, sanitariamente hablando. Para ello, los empresarios hoteleros han contado con la ayuda de los Servicios Veterinarios Oficiales especialistas en Seguridad Alimentaria para la mejora de sus cocinas y sus procesos productivos hasta llegar al modelo actual de implantación de Sistemas de Calidad Autocontrol.

 

Hace unos años algunas cadenas hoteleras optaron por el sistema del “todo incluido”. Esta estrategia ha resultado nefasta sobre todo en lo que se refiere a los turistas británicos.

 

A partir de 2013 se comenzaron a presentar demandas, en los tribunales británicos, por supuestas intoxicaciones contraídas por visitantes ingleses durante sus vacaciones en Mallorca. Estas demandas eran atendidas por una legislación británica que permite que con la presentación de un simple ticket de farmacia de un antidiarreico, se pueda alegar una intoxicación alimentaria, debiendo ser (según su permisiva legislación) el tour-operador el que demuestre que no ha habido tal intoxicación. Tour-operador que con el fin de ahorrarse los altísimos costes que le podría suponer el litigio, acepta la reclamación sin cuestionarla, indemniza al demandante y pasa la factura al hotelero (el cual, previamente, a la hora de contratar con estos grandes comercializadores se ha visto “obligado” a firmar una cláusula mediante la que se responsabilizaba de los posibles daños).

 

Y como todo le que nace tiende a crecer, resulta que esta estafa creció: en el año 2016, la factura por estas falsas denuncias ha supuesto a un solo hotelero alrededor de 4 millones de euros, según manifiesta el propio afectado; 10 millones de euros a tan solo tres de las cadenas hoteleras afectadas, según informaciones de los investigadores; y, según la patronal hotelera, 50 millones de euros al conjunto de las islas Baleares.

 

Según fuentes de la Guardia Civil, es muy posible que este “modus operandi” se haya extendido ya al Levante y a las Islas Canarias, y llegar a los 60 millones de euros a nivel nacional.

 

Cómo se ha llegado a esta situación extrema? Algunos bufetes de abogados ingleses se han dedicado a captar a estos “falsos enfermos” y proponerles el suculento negocio de repartirse la indemnización. Al cliente le podían salir las vacaciones gratis y el bufete solo cobraba si obtenía sentencia favorable (el 60% de la indemnización).

 

Al principio eran pocos pero se han llegado a desplazar a la isla captadores de demandantes que se instalaban cerca de las puertas de los hoteles a proponer el “negocio” a los turistas ingleses. Posteriormente, estos “claim farmers” vieron apoyada su labor incluso con furgonetas rotuladas ofreciendo los servicios con total desvergüenza e impunidad. E incluso parece ser que una empresaria inglesa relacionada con negocios de promoción de locales de ocio, instalada en Mallorca, puso sus medios materiales y humanos a disposición de la red de presuntos estafadores.

 

Afortunadamente, a finales de 2017, y gracias a la colaboración de todas las partes afectadas: Tour-operadores con un mayor control sobre sus clientes; Hoteleros con la mejora de los sistemas de calidad; Las autoridades españolas, con su investigación y detención de los presuntos estafadores; Las autoridades británicas, a través del CMR (organismo gestor de las reclamaciones), que yo no aceptan las reclamaciones con tanta facilidad, y han procedido a la retirada de la licencia y al cierre de alguna empresa dedicada a estas falsas denuncias; y la Embajada Española en Londres en su “Informe sobre la crisis de las reclamaciones gástricas” en el cual aconsejaba al sector hotelero buscar alternativas al cliente británico (la patronal hotelera se planteó seriamente dejar de contratar camas con este mercado)