1ª Jornada Técnica Monográfica AVESA - Universidad de Córdoba

AUXILIAR OFICIAL DE INSPECCIÓN VETERINARIA

Periodo de inscripción del 1 al 23 de noviembre 2018 (hasta completar aforo de 90 personas)

MANIFIESTO DE AVESA RESPECTO A LA FIGURA DEL AUXILIAR OFICIAL OE LA INSPECCIÓN VETERINARIA (AOIV)

D. Imanol de la Fuente ArteagabeitiLa, mayor de edad, Veterinario Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia con el n° 226, actuando en nombre propio y en representación de la Asociación Nacional de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA), organización que integra a profesionales veterinarios que desarrollan su actividad laboral en el ámbito de la Seguridad Alimentaria a todo lo largo de la cadena de valor de la producción alimentaria en las distintas Administraciones Públicas o de manera privada en los distintos eslabones de la cadena alimentaria: sector primario, industria agroalimentaria, distribución y venta así como en restauración colectiva e institucional etc. y en la labor de formación y docencia en nuestras Universidades, en relación a la figura del Auxiliar Oficial de Inspección Veterinaria (AOIV)

M A N I F I E S T A que,

  • La figura del AOIV está descrita y definida en el actual ordenamiento higiénico - sanitario. En concreto el Reglamento (CE) 854/2004, por el que se establecen Normas Específicas para la Organización de Controles Oficiales de los Productos de Origen Animal Destinados al Consumo Humano.
  • Cada CC.AA., dentro de sus competencias, puede regular esta figura y adecuarla a sus necesidades en los términos que estime sean más útiles a la consecución de sus objetivos en materia de control e inspección en mataderos y salas de despiece. Todo ello, siempre y cuando se respete lo descrito y definido en el citado reglamento.
  • Que los conocimientos para adquirir la cualificación profesional de AOIV, definidos en el citado reglamento, han de estar avalados por una formación reglada. Esta ha de ser homogénea en todo el Estado y convalidable entre las distintas CC.AA...

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Formación

Martes, 26 Enero 2016 19:07

EL CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA

 “El Gobierno central y las Comunidades Autónomas se enfrentan por el control de la cadena alimentaria”.

 

 

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jesus 

D. Jesús García López Presidente de AVESA 

 Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios

de la provincia de Zaragoza

 

 

La Comisión de Agricultura del Senado aprobó el pasado 25 de julio de 2015, la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, norma de carácter básico que dará un tratamiento homogéneo a todos los operadores del sector agroalimentario, con independencia de su ámbito territorial y facilitará la innovación y el desarrollo de nuevas empresas responsables en España, garantizando a los consumidores la adquisición de productos de calidad. La ley, según su articulado, contribuirá a la unidad de mercado en el ámbito de la calidad y defensa del fraude alimentario y protegerá los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal. La norma otorga mayor seguridad jurídica a las empresas, tratándolas por igual en todo el territorio nacional, ya que contiene los procedimientos de control y sancionador a que deben responder los operadores en caso de inspecciones realizadas en sus establecimientos. La Ley establece también, sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, con el objeto de frenar el fraude alimentario. Además del control oficial, la nueva norma sistematiza otras formas de instrumentos de control, como la trazabilidad y el autocontrol y un sistema de información para conocer y atajar el fraude.

 

Con la publicación de la nueva Ley (a la hora de escribir este artículo, todavía no se ha producido), se desarrollará la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada a principios de 2014, estableciendo un nuevo marco legal en materia alimentaria.

 

Hasta aquí todo parece correcto, pero los sectores implicados (pequeñas y medianas empresas y multinacionales del sector) se preguntan, si con la publicación de esta norma, no se ha abrirá una guerra entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas por el control de las empresas alimentarias. Recordemos que los actores que mueven el sector (desde los productores y distribuidores hasta los mayoristas), generan entre el 8,5% y el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) que supone 89.000 millones de euros y 2,6 millones de puestos de trabajo. Para el Ministerio de Agricultura, la existencia en estos momentos, de distintos mecanismos de control puede suponer para el operador una traba en el ejercicio de su actividad, mientras que el sector aduce que es una interferencia política, puesto que las Comunidades Autónomas tiene transferidas las competencias en la materia y ocho de ellas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco) ya cuenta con regulación propia en éste ámbito.

 

Lo cierto es que la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en 2014, ha revelado falta de diligencia en la mayoría de las Comunidades, que ha ido remitiendo los casos a las Comunidades Autónomas afectadas, con resultados dispares, algunas imponiendo sanciones importantes, pero sin apenas respuestas en otras.

 

Las sanciones oscilan desde 4.000 euros las leves, hasta 150.000 euros las graves (engañar en las características de los productos) y 3 millones de euros las muy graves (causar perjuicios sanitarios o comercializar productos falsificados), que no parecen sanciones muy altas y falta que se concreten en la Ley.

 

A día de hoy, y sin haberse publicado todavía la Ley, parece que ni las Comunidades Autónomas, ni las empresas ni los productores, están conformes con este nuevo reparto competencial. Habrá que esperar a su publicación y puesta en funcionamiento, pero en cualquier caso, la polémica está servida.